• El “modus operandi” de la red de abogados corrompidos: Intimidación, amenazas, tráfico de influencias, cohecho, fraude, distracción de recursos públicos y la lista sigue creciendo.
• ¿Cuánto más la sociedad de Quintana Roo seguirá soportando a estos Juristas de cuello blanco?

“Levántate y me tienes que acompañar por que tienes tres denuncias en tu contra”, fue lo que escuchó en modo autoritario Alejandro G. la tarde del pasado 20 de junio. Para el extrabajador de Cetina & Jiménez Asociados, desde 2021, dio inicio el tormento de ser víctima de secuestro exprés, privación ilegal de la libertad, denuncias falsas y abuso de autoridad.

Los hechos se desarrollaron en el bufete jurídico, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo en el que el abogado Rodolfo Cetina Heredia es director general y socio fundador y Alejandro G. se desempeñaba como Contador.

El día de la intimidación, aproximadamente a las 17 h, llegó gritando su nombre un sujeto de tez morena de aproximadamente 1.70 m. que llevaba una placa al cuello –de las que “usan los policías ministeriales”- y de forma amenazante le dijo a Alejandro: “Acompáñame ya te dije”.

“Firmar, tu renuncia, sabes de los contactos que tenemos”.

Lo llevaron a una oficina del corporativo y en que le esperaban: Rodolfo Cetina Heredia, Luz Natyeli Ruiz Sánchez, Andrea García Rivero, Olivey Fonseca Torres y Ruth Jiménez Contreras. En ese lugar lo sentaron en una silla y se aproximaron a él dos hombres que no conocía, aparentes “ministeriales” a quienes los demás se dirigían por los nombres de Tomas Borges y Joel Alpuche.

Atemorizado y sin saber que estaba ocurriendo, fue Luz Natyeli Ruiz Sánchez –laconocida abogada en Quintana Roo- quien ordenó tomaran el celular de Alejandro (sin su consentimiento) para buscar “evidencia”.

En tono nada amable, la socia y consanguínea del abogado, Rodolfo Ulises Ruiz Sánchez de la firma Ruiz & Barrera y Asociados, le señaló a Alejandro G. que tenían tres denuncias en su contra, recalcándole él había falsificado documentos de la empresa -para la que trabajaba hasta ese momento- además de “apoyar” a un excompañero que los había demandado: “¿Qué documentos tienes? ¿A qué le tomaste foto? ¡Tienes que hacerte responsable!”-le dijo-Natyeli Ruiz Sánchez.

Por su parte, Rodolfo Cetina Heredia, le dijo que tenía dos opciones: O les decía ¿A qué documentos le había tomado fotos? (Alejandro en todo momento sostuvo que eran documentos personales) o que sabia los alcances que ellos tenían y sus contactos en el juzgado, Fiscalía e incluso Juzgados Federales y que podría pagarlo con cárcel por lo que tenía que firmar en ese momento su CARTA DE RENUNCIA.

Ruth Jiménez, fue la encargada de entregársela, aseverando, que la firmaba en ese momento o se atuviera a las consecuencias con los “policías ministeriales” que ahí se encontraban.  

Fueron 40 minutos de retención contra su voluntad, hostigamiento y un verdadero pavor por su integridad como persona la que vivió Alejandro G. y comprensiblemente firmó para poder salir de ahí.

Pésimas prácticas legales

Juristas con especialidad en temas laborales, señalan que existe el uso generalizado de cartas de renuncia, mecanismo de protección para la empresa en respuesta a demandas que enfrentaban compañías por nulidad de convenios o juicios iniciados por individuos que nunca habían laborado en los centros de trabajo. Sin embargo, la “Carta de renuncia” se ha convertido en producto de un círculo vicioso, de una mala praxis.

El caso de Alejandro G. es ejemplo de malas prácticas en contra de los trabajadores a pesar de que existe una resolución del poder judicial en un amparo promovido por un trabajador que durante un juicio alegó que fue obligado y recibió instrucciones para firmar su renuncia; el Quinto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito (Ciudad de México) emitió una tesis aislada en la que establece los criterios que deben considerar los jueces para determinar si se trató de una renuncia forzada o no. La tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación. La tesis no es un criterio obligatorio, pero suele ser considerado por los juzgados del mismo circuito y abre la puerta a una jurisprudencia.

El presente y el futuro es sinónimo de miedo para el trabajador

Alejandro G. vive con temor y miedo, ya que no solo fue obligado a renunciar, ya que reiteramos, fue víctima de secuestro, hostigado y amenazado por Natyeli Ruiz Sánchez, y Rodolfo Cetina Heredia, ambos involucrados en casos públicos en la sociedad de Quintana Roo, en conjunto con Rodolfo Ruiz Sánchez;ejemplo de ello, son los predios del “Blue Parrot” y del ex cónsul de Italia en Playa del Carmen, Andrea Giuseppe Sabbia quien en 2018 los acusó por los delitos de tráfico de influencias, promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos.

La vida de Alejandro G. es una incertidumbre, pues le advirtieron “ándate con cuidado o te puede pasarte algo”. El modus operandi​ de los abogados es el mismo en cada caso: Amenazan, corrompen autoridades y realizan sobornos. Alejandro G. comentó que son personas corruptas y capaces de actuar en su contra.

Por lo expuesto debemos estar en Quintana Roo, en alerta, ya que al consultar diversas fuentes (quienes solicitaron anonimato por miedo a represarías) aseguraron que el encontrarse en un asuntos donde intervengan los hermanos Ruíz Sánchez y  Rodolfo Cetina Heredia, se sabe que se enfrentarán  con actos de corrupción y violentos, ya que también presumen de tener nexos con el narcotráfico, pues dicen que tienen amigos “poderosos” del crimen organizado, quienes pueden desaparecer a toda persona que interfiera en sus actos ilegales; actualmente tienen diversas denuncias en su contra por lesiones, amenazas, fraude procesal, fraude especifico, cohecho y lo que se agregue. Irónicamente en el asunto del trabajador Alejandro G. está involucrado el despacho de los abogados Rodolfo Ruíz y Nayelly Ruiz de quien se sabe son socios y asesores de Rodolfo Romero Campos, líder sindical, dirigente en Tulum de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)y quien es su deber defender los derechos de los trabajadores.